El
repago de los medicamentos a trabajadores en activo y a pensionistas y
la exclusión de los inmigrantes sin papeles de la sanidad pública son
medidas injustas y perjudiciales para la salud de todos. El gobierno
hace culpable al enfermo del gasto y se le penaliza por ir al médico.
Los pacientes irán menos a la consulta y se retrasará el diagnóstico con
graves consecuencias en algunos casos. Las dos medidas dificultan o
excluyen a sectores importantes del vecindario y fomentan las
desigualdades en salud. Es lógico que los extranjeros con rentas altas
paguen por el servicio, pero excluir a los más pobres es moralmente
injusto y también peligroso porque habrá enfermedades que creíamos
erradicadas que rebrotarán por las condiciones de vida insalubres.
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