lunes, 14 de diciembre de 2015

LA BATALLA DE LOS NIÑOS ESPAÑOLES (I)


Heme aquí, hecho todo un Anthony Beevor de la extranjería, dispuesto a narrar otra batalla – quizá sea más adecuado compararme al abuelo de la familia Cebolleta después de todo – de esta historia llena de héroes y villanos, de estrategias certeras o borregas, de engaños y traiciones, de encerronas, espionajes, armas, destrucciones, generales infames, dignos soldados, y víctimas, sobre todo víctimas.

Y es que la batalla que hoy voy a contar, batalla sin término conocido aun, la primera reflexión que provoca en los que la hemos luchado es su sinsentido, su absoluta falta de utilidad, más allá de lo anecdótico o simbólico. Preguntarnos por qué el enemigo se ha molestado en atacar por ese flanco, si no es para demostrar la enorme arrogancia que lo ensoberbece, su desprecio tan manifiesto a toda ley moral, a toda ética, que parece que su único objetivo ha sido precisamente demostrar que se cree por encima del bien y del mal, que está dispuesto a todo y a pisotear a todos, incluso a derrochar sus recursos, con tal de mantener una guerra de desgaste que cree que sólo él podrá ganar.

La batalla ha tenido, sin embargo, un ganador cantado desde el principio, como todas las batallas estúpidas. Y estoy seguro que quien la inició tenía claro que la iba a perder, como la está perdiendo, aunque no contaba con uno de los resultados más allá de las plazas ganadas o perdidas, o las bajas causadas a uno u otro. Y no contaba con que esta batalla en particular iba a tener el efecto de retratarle claramente en el plano ético: de demostrar la clase, la laya, la calaña, la bajeza, la catadura moral de quienes integran el bando de los hijos de las tinieblas, de quienes en el colmo de la cobardía, amurallados en el poder pretendidamente omnímodo de esa entelequia hegueliana que es el Estado, iban a atacar lo más indefenso y débil del otro bando. ¿Qué especie de monstruo bombardea a sabiendas un colegio, con tal de minar la moral del bando contrario?

La que llamaremos “batalla de los niños españoles” comenzó sin apenas anunciarse. En toda guerra hay territorios neutrales, que aunque controlado por uno de los bandos, ofrece tan poco interés para el contrario, que casi no merece la pena en gastar tropas para guarecerlo. Nuestra guerra se declaró, es cierto, en 1985, con la vieja y nefasta Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros 7/1985 (que ya son cojones nombrarla así, cuando era una negación de base de derechos y libertades) excusada en ocasiones en la bisoñez de nuestra democracia, y no excusable porque lo anterior fuera peor todavía, pero es cierto que hasta 1991 no fue una guerra como tal, sino una sucesión de escaramuzas, casi accidentes. En ese contexto, el 20 de noviembre de 1989 se promulgó la Convención Internacional de Derechos del Niño, y entró en vigor el 7 se septiembre de 1990 y ratificada por España el 30 de noviembre siguiente, y su resultado a lo que nos afecta se puede resumir en breve: los niños no son nacionales o extranjeros. Son niños.

Desde ese momento, los niños extranjeros — ¡no, no nos equivoquemos! Una cosa es lo que dice la Convención y lo que se ratifica solemnemente y otra distinta lo que hacen los estados –- recibieron un cierto trato de favor con respecto a los mayores extranjeros. Otro día veremos las luchas que a pesar de ellos se han tenido que batir en ese terreno: los intentos de expulsar a menores bajo capa de piadosa repatriación social, los éxitos de aquel general con el que tuvimos el honor de compartir bando y patria, Nacho de la Mata, hijo de la luz cuyo recuerdo aun emana luz propia.

Pero otro efecto de la Convención es que España tuvo que modificar su artículo 17 del Código Civil, para hacer valer el derecho consagrado por la Convencion (artículo 7) de todos los niños a tener una nacionalidad, a no ser apátridas.  Se daba la circunstancia entonces de que muchos niños que nacían en nuestro país no es que fueran extranjeros por serlo sus padres, es que tampoco eran extranjeros, no eran nada. El ejemplo más socorrido  y para entendernos es Argentina: un país que como pocos ha nutrido su población de inmigrantes, quiso en su día arraigarlos (eran épocas de mucha guerra y mucha necesidad de carne de cañón para alimentarla) haciendo que sus hijos, por nacer allí, fueran argentinos. Y se adhirió a lo que en la Facultad, tan amigos de latinajos, llaman el “ius soli” o derecho de suelo, o lo que es lo mismo, todo el que nazca en Argentina, argentino se queda. La vieja Europa, sin embargo, tan exportadora ella por aquel entonces de gente hambrienta, quería sujetar con vínculos legales a sus vástagos (eran épocas de mucha guerra y mucha necesidad de carne de cañón para alimentarla) y mantuvo un intransigente – y un poquito racista – “ius sánguini” o derecho de sangre, o lo que es lo mismo, el hijo de español es español, nazca donde nazca. 

La cosa no presenta problemas de normal, pero he aquí que las crisis varias de la historia nos volvieron las tornas, e impuso la viceversa: aquellos que en su día recibían migrantes pasaron a enviarlos y los que enviaban a recibirlos. Y al hablar de humanos, como el resto de  animales, tenemos la manía de procrear, de generar cachorritos, cierto que con una abundancia variable, pero con la tendencia añadida de ponerles enseguida una etiqueta, una nacionalidad. A unos se les ponía dos etiquetas, lo que mientras no hubiera una guerra entre los dos estados, pues mira qué bien. Pero a otros no sabían qué etiqueta ponerle a la criatura. Hijo de argentinos nacido en España, pues ni una cosa ni otra sino todo lo contrario: nada, apátrida, indocumentado, paria. Ni soli, ni sanguini, ni papelina. Pues eso vino a resolver la Convención y la consiguiente reforma del artículo 17 del Código Civil: subsidiariamente, o sea, cuando se dé ese caso, pues será español. Pero eso sí, español español, sin diferencias, de origen, español fetén, con todas las de la ley, CON TODAS LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO ESPAÑOL RESPECTO DE ÉL. Aún algún imbécil con toga llena de puñetas me ha salido diciendo no hace tanto que eso era una “nacionalidad presuntiva”, así, despreciativo, como si en esto de la nacionalidad hubiera muchos grados.

Esta larga introducción viene a cuento porque lo primero que uno piensa es que este es un problema menor, algo de cuatro gatos, que no merece gastar saliva ni tinta, pero no:resulta que son muchos, y hace unos años aún eran más. En un caso como el argentino o muy similar estaban a mediados de los 90 Paraguay, Uruguay, Ecuador, Colombia, Bolivia…

El caso es que tenemos a un buen montón de niños, de bebés, recién nacidos la mayoría, que por un lado tenían la suerte de ser españoles y por otro la desgracia de que sus padres fueran extranjeros, y como lo de la procreación y el nacer no entienden de leyes de extranjería, pues además sus padres estaban en situación irregular.

Hasta el año 2006 los derechos de los padres de esos niños eran terreno neutral: por una vía o por otra, con más o menos dificultades, tener un hijo español era un seguro. La norma, el reglamento de aplicación, preveía exención de visado de residencia y preferencia absoluta en la concesión de permiso de trabajo, con lo que resultaba fácil regularizar a estas personas.

Pero en las oficinas de extranjeros se comenzaba a oír el runrún, el descontento, la rabia, de cuán fácil era “para estos” conseguir los papeles, la frustración de funcionarios de espíritu vigoroso y presto para salvar a la patria de avalanchas e invasiones varias, por verse obligados a facilitarle la vida a estos indios, que abusando de lo laxo de nuestras leyes, consiguen así permisos, por el fácil medio de tener un hijo… Los hijos de la luzpensábamos que jamás se atreverían a dar semejante paso, que con qué objeto, que aunque habláramos de muchos, ni tan siquiera era de tantos… Pero no hay nada como ponerle nombre a las cosas – ya lo decía el Génesis — que amamos u odiamos para creer que las manejamos, que las hacemos nuestras, y se comenzó a hablar de “niños ancla”como concepto despectivo que reflejaba lo pérfido y malvado de esos inmigrantes que se atrevían a mancillar el suelo patrio con su abuso de derecho, para robar en beneficio de sus vástagos la sacrosanta nacionalidad española. Y aún gracias que no los llamaron “niños de conveniencia”.

Pero llegó Consuelo Rumí a inaugurar la flamante nueva Secretaría de Estado de Inmigración, promesa electoral del PSOE para superar – qué ironía – el dominio policial sobre los asuntos de inmigración. Una psicóloga sin idea de Derecho ni de derechos, que se reunía con las ONGs para decirles que ella sabía más que nadie de inmigración porque había sido gobernadora civil de Ceuta, un personaje de muy dudosa catadura política, representante de lo más rancio de la derecha del partido en Almería, donde le montaban a Barrionuevo homenajes y pompas, y que en los debates parlamentarios sobre la Ley del 2000 se desmarcaba del partido para hacer las propuestas más conservadoras y antijurídicas… Una barriobajera de la política, una mediocre acomplejada que se dejó arrastrar por el runrún de los funcionarios más retrógrados, que no supo prever los desastres para los demás ni el fracaso a que se condenaba a sí misma, que no midió ni ponderó, que se dejó asustar por la demagogia que se escondía detrás de unas cifras insignificantes pero con nombre fácil, que despreció los derechos de los más indefensos, los derechos de los más necesitados de protección por parte de un estado que merezca tal nombre, que traicionó su puesto y su función, que malversó sus objetivos, que ocultó su prevaricación donde se ocultan los cobardes, en el silencio, en la eliminación.

Y ella se atrevió. Y comenzó la batalla.



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