Yo no llevaba mucho tiempo en ese mundillo de la política de bajos vuelos que consiste en dar instrumentos a voluntariosos funcionarios bienintencionados o rebatir pamplinas de otros cerriles, majaderos obedientes de órdenes obtusas. Pero ya me había enfrentado a un par de Subdelegados del Gobierno cuya estrategia consistía en negarlo todo menos lo innegable, y aun con eso, derivar por la tangente, o lo que en román paladino se llama tirar balones fuera. Sabía por tanto que si el informe debía tener alguna consecuencia debía ser contundente, irrebatible, y aunque no calculé la artera capacidad de cálculo de quienes defienden al Estado por encima de las personas, debíamos comenzar por una metodología impecable.
El único instrumento con el que podía contar eran los testimonios de los propios presos – permitidme que no utilice la palabra “internos”, porque al pan, pan – y sabía de entrada que éste iba a ser cuestionado de raíz. En este país, y mucho por aquellas fechas, estamos demasiado acostumbrados, después de cuarenta años de orden, a creer que un detenido ha intentado morder torpemente el puño de un probo funcionario que lo custodiaba con melíflua amabilidad, y ni después de varias condenas del Tribunal de Derechos Humanos por no investigar suficientemente acusaciones de torturas y malos tratos policiales, parece que no despabilamos. Pues imaginaos hace ya casi veinte años.
Diseñé una encuesta que abarcara todos los aspectos de la vida en el CIE, pero en dicha encuesta iban encajadas varias preguntas que según su respuesta delataban el nivel de credibilidad del que respondiera. O bien eran preguntas trampa, para “invitar” al encuestado a responder sobre cosas que objetivamente ya sabíamos cómo eran, y así detectar al que mintiera, o bien iban dirigidas a comprobar contradicciones, para detectar aquél que respondiera no con sinceridad, sino con ánimo de perjudicar a los responsables del Centro, cosa que hubiera sido muy lógica, por otra parte, de gente que contra su voluntad se encuentra encerrada. Y eso se explicaba en el primer capítulo del informe, porque sabía que quien lo leyera debía saber, antes de cuestionar las respuestas, que no nos inventábamos nada. Eso se añadía a los instrumentos habituales del medio, como comenzar la encuesta con preguntas impersonales pero objetivas, tiempo de estancia en el centro, idioma, nacionalidad, etc.
A partir de ahí, pude contar con la colaboración de un grupo de compañeros que entonces formábamos la Sección de Extranjería del Colegio, repartimos las encuestas en blanco, con señales para no repetir encuestado, con cuidado de que el compañero que supiera inglés se concentrara en los presos de esa lengua, el de francés con los de esa otra, y contar con el apoyo de intérpretes externos que sabían perfectamente la importancia de la fidelidad en su trabajo, y durante un cierto tiempo recopilamos más de treinta encuestas, de casi todos los internos que pasaron por el centro en el periodo de un mes que se nos permitió trabajar, que guardé en tres cajas, que me acompañaron de despacho en despacho en aquel tiempo de mucha mudanza.
El resultado final era desolador. Lo que teníamos entre manos era increíble en una democracia de finales del siglo XX y eso era lo peor y lo que más temíamos: que era tan increíble que la primera tentación del que lo leyera sería no creernos. Pero todo lo que se decía en él era, lamentablemente, verdad.
Voy a intentar resumirlo en unas brevísimas líneas, y a pesar de que hace ya veinte largos años, recomiendo su nueva lectura, como forma de inducir a la reflexión con el dato añadido – sobre el que me extenderé en otro momento – de que las cosas no han cambiado sustancialmente desde entonces, y que todo lo que se ha hecho ha sido poner parches.
La detención se practicaba con absoluta arbitrariedad, a veces incluso superando el plazo de 72 horas, las garantías se aplicaban mal, con intérpretes inadecuados o mal preparados, sin información adecuada, la actuación de los abogados del turno de oficio – en aquel entonces eran los del turno penal general – era muy deficiente, y la de los jueces como garantes de libertades, casi inexistente; el tratamiento en los traslados era el propio de delincuentes, la mayoría tenía domicilio conocido y era localizable, por lo que mal se explicaba que estuvieran internados, muchos con familia en España o relaciones estables; se hacía caso omiso de las protestas por la situación de guerra en el país de origen (en aquel entonces Argelia y Liberia estaban en manifiesta guerra civil, y sin embargo se internaba y expulsaba a personas de esos países sin el menor escrúpulo); en la mayoría no existía un perfil de delitos previos, pero es que además el internamiento era en un altísimo porcentaje, absolutamente inútil para la expulsión, es decir, consistía claramente en una mera tortura punitiva. En cuanto a las condiciones de vida se concluía que la pretensión de que no fuera un centro penitenciario era meramente formal, pues ciertamente no lo era: era mucho peor que cualquier cárcel. Variaba mucho el trato según el grupo que tocara, lo que abunda en la arbitrariedad, aunque con órdenes claramente restrictivas de derechos. Sin acceso libre a los baños, sin ropa, sin lavandería, sin higiene, sin agua caliente suficiente, comida insuficiente, sin respetar preceptos religiosos, la atención médica era esporádica e insuficiente, los malos tratos o tratos vejatorios eran frecuentes y no había manera de denunciarlos, las visitas de familiares y amigos estaban fuertemente restringidas o imposibilitadas. La estancia en el centro, durante los cuarenta días que llegaba a alcanzar, transcurría prácticamente en la celda, pues las salidas al patio eran como mucho de media hora, por grupos, y no diarias. No había ningún medio de pasatiempo o entretenimiento.
El informe terminaba con conclusiones en las que repartía estopa a diestro y siniestro. Los policías de a pie eran de los que mejor parados salían, aunque al Jefe de Grupo y de Brigada les dije unas cuantas verdades del barquero, de las que no se libró el Delegado del Gobierno, quien había tenido el buen tino de dimitir poco después del mes en que se nos permitió entrar – del 21 de abril al 21 de mayo – al centro a hacer las encuestas. Los jueces, los fiscales, incluyendo a los abogados del turno de oficio, salían muy mal parados del informe, por una sensación general de dejación, de que todo el mundo había dejado que fueran otros los que vigilaran las garantías, y de esa manera no las vigilaba nadie: los jueces se limitan a hacer lo que les pide la policía, lo que permite a ésta decir que cuenta con el aval de los jueces; el Delegado del Gobierno firma lo que le propone la policía y ésta se permite decir que ella no hace nada, que sólo propone; los abogados eran convidados de piedra y los fiscales ni aparecían en la mayoría de los casos.
Levantó ampollas. Y algunas sangraron.
Paco Solans
El blog "El extranjerista"
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