• El CETA autorizaría a miles de corporaciones a demandar a los gobiernos por adoptar medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta a través de un sistema de resolución de conflictos inversor-estado (ICS) de acceso exclusivo a los inversores extranjeros. Un auténtico sistema legal paralelo al que las corporaciones pueden acudir para defender sus derechos eludiendo los tribunales existentes, y al que ni las organizaciones de la sociedad civil ni las empresas nacionales tienen acceso.
• En un neto contraste con los derechos de las corporaciones, las provisiones del CETA en cuanto a derechos laborales y desarrollo sostenible no pueden ser efectivamente reforzadas mediante sanciones y se quedan en declaraciones huecas que no equilibran otros capítulos del tratado que afectan a los derechos de los trabajadores o la protección del ambiente.
• El CETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas.
• El CETA hace que Canadá y la Unión Europea sean más vulnerables a las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros.
• Un estudio independiente de los impactos económicos del CETA predice que se perderán puestos de trabajo tanto en la Unión Europea como en Canadá, y que los pequeños beneficios del tratado serán fundamentalmente para los dueños del capital, con el consiguiente aumento de la desigualdad.
• El CETA podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la protección de datos. También limitaría la capacidad tanto de la Unión Europea como de Canadá de actuar contra patentes excesivas.
• Las normas del CETA en cuanto a cooperación reguladora y a las regulaciones nacionales pondrán obstáculos adicionales a las regulaciones y reforzarán el papel de los lobbistas corporativos en los procesos de elaboración de las políticas, socavando potencialmente la adopción de políticas de interés público.
• En ambos lados del Atlántico, el CETA expondría a los agricultores a unas presiones competitivas que minarían su modo de vida, obstruiría las políticas de compra pública de alimentos locales, y amenazaría los estándares de producción y procesamiento de alimentos, haciendo imposible el desarrollo de una agricultura sostenible.
• Las medidas de precaución para proteger a los consumidores, a la salud pública y al medio ambiente pueden ser puestas en cuestión por el CETA, ya que ni en el texto ni en las declaraciones anexas se protege explícitamente el del principio de precaución en la política regulatoria europea.
Explicació del procés per aprovar el CETA:
Més resumit en:
¿Qué pasará si se aprueba el CETA?
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