El censo municipal incluye a 329 familias, con los barrios del Marítimo como la zona donde se concentran más asentamientos
Paco Moreno, viernes, 23 febrero 2018, Las Provincias
El chabolismo, la señal inequívoca de las zonas más degradadas de una ciudad, va en aumento en Valencia. Según los datos del Ayuntamiento, un total de 329 familias estaban censadas en asentamientos precarios en 2016, último ejercicio contabilizado. La cifra supone la más alta en un periodo que llega hasta tres años antes.
Once centros de servicios sociales dependientes del Ayuntamiento tienen entre sus funciones el seguimiento de estas familias, por lo que se puede decir que este fenómeno se extiende a todo el cap i casal. Casas en ruinas, naves industriales y alquerías protagonizan unos asentamientos donde el censo cambia constantemente, como indica la delegada de Bienestar Social, Consol Castillo, en una respuesta dada a la concejala de Ciudadanos Amparo Picó.
Las 329 familias podrían ser de este modo muchas más. «Facilitar los datos para la elaboración de dicho censo tiene un carácter totalmente voluntario por parte de las personas que residen en estas viviendas y no siempre los facilitan», se indica en la contestación.
Los primeros perjudicados en vivir en las chabolas son sus propios ocupantes, en muchas ocasiones menores, quienes malviven en condiciones evidentes de insalubridad, sin agua potable y con enganches de luz al alumbrado público. Esta situación provoca además la degradación de la zona, lo que es denunciado por las asociaciones vecinales. El caso más reiterado en Valencia es el Cabanyal, donde se han concentrado estos años buena parte de las ocupaciones ilegales.
En la parte sur del barrio de Malilla, a espaldas del hospital La Fe, se produce una situación similar, mientras que en las pedanías de Font d'En Corts y La Punta, este fenómeno se extiende a las alquerías. Las zonas de la ciudad con mayor presencia de estas familias son las de Poblados Marítimos, con 104 familias, y las de sur de Quatre Carreres, 95, y San Marcelino, 28. En estos tres lugares suman 227 familias.
«La provisionalidad de los asentamientos es la característica a destacar, son ocupaciones ilegales sujetas a constantes desalojos», se señala en la respuesta. La intervención con las familias se produce con equipos de especialistas, donde hay educadores y trabajadores sociales entre otras disciplinas. Eso sí, el contrato actual con el equipo de atención señala un máximo de 70 familias, la tercera parte de las que hay censadas en toda la ciudad.
Entre las iniciativas se habla de un estudio estadístico del citado censo, así como coordinar los proyectos municipales que pueden afectar a estas familias. También planificar el realojo tras la realización de talleres de organización doméstica, con el aumento del parque de viviendas municipales para este colectivo.
Por su parte, la concejal de Ciudadanos Amparo Picó propuso a la vista de estas cifras que se elabore un plan para dar alternativas a las 329 familias que viven en asentamientos ilegales. Denunció que la «política del tripartito para erradicarlos ha sido un completo fracaso porque la cifra de familias censadas en 2016 es superior a la de 2013».
A su juicio, la política de erradicación de estos lugares por parte del gobierno municipal «ha fracasado y se debe poner en marcha un plan para ayudarles a salir de esa situación y evitar que 329 familias vivan en asentamientos ilegales». Para Picó es insuficiente además que «se nos haya respondido que se está en proceso de elaboración el censo del año pasado».
Comentarios
Publicar un comentario