miércoles, 30 de mayo de 2018

MARÍA OLIVER: "EL ALQUILER ASEQUIBLE POR MENOS DE 600 EUROS PRÁCTICAMENTE HA DESAPARECIDO"


Dani Valero, 30/05/2018 - Valenciaplaza
María Oliver, concejala de Vivienda del Ayuntamiento de València, atiende a Valencia Plaza para abordar uno de los asuntos de su competencia que más preocupa a la ciudadanía: la aguda escalada de los precios del alquiler en la ciudad. La dirigente, que lamenta que "el alquiler asequible por menos de 600 euros prácticamente ha desaparecido", detalla que el problema deriva de una pérdida de derechos en la legislación estatal por parte de los inquilinos y del impacto del turismo en el sector inmobiliario. La solución que plantea su formación, Unidos Podemos, es establecer subidas máximas por barrios y "determinar áreas especialmente tensionadas" por el alquiler turístico.

-Nos rodean los casos de subidas desorbitadas del precio del alquiler en la ciudad ¿Qué ocurre en València y qué están haciendo para remediarlo?

-Estamos trabajando desde el minuto cero para analizar el impacto de la presión del turismo sobre los vecinos de València. Al principio veníamos con la sensación de que era la presión del turismo la que hacía que las ciudades se vaciaran, pero hablando con otras ciudades como Zaragoza, con un tamaño similar, vemos que no es el problema de fondo. El turismo actúa como potenciador en un escenario que se ha generado realmente con el cambio que se produjo en la Ley de Arrendamientos urbanos, que es la que permitió bajar los plazos del alquiler de 5 a 3 años quitándole una serie de derechos a los inquilinos.

La presión del turismo sobre los precios hace que esto sea más grave, pero viendo casos como el de Zaragoza, sin apenas impacto turístico en las viviendas, vemos que se trata de un problema de marco legislativo a nivel estatal que tiene también su impacto en València. Ante esto, hemos realizado un trabajo conjunto impulsado por varios municipios a través de Unidos Podemos en forma de alegaciones a la Ley de Vivienda. Lo que queremos poner sobre la mesa es que si el estado no regula para proteger a los inquilinos poco pueden hacer los ayuntamientos. Por el momento nuestras alegaciones han pasado el primer filtro. Se han admitido a trámite y se van a debatir.

-¿Qué medidas concretas podrían frenar esta escalada?

-Hay dos líneas de actuación: actuar sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos y sobre la regulación de los apartamentos turísticos, dos líneas que deberían ir en paralelo. Lo que ocurre es que si la presión turística se ejerce en un barrio, se produce un efecto de onda, un traslado de la población del barrio central a la periferia, lo que hace que suba también el precio del alquiler en los barrios periféricos. Y al final el impacto afecta prácticamente a toda la ciudad.

Nosotros planteamos por esto que se contemple determinar áreas especialmente tensionadas en las que actuar sobre el precio del alquiler. Se está haciendo en otras ciudades, y pensamos que es una medida que no afectaría tanto al alquiler de particulares sino al alquiler de empresas y fondos que están comprando edificios enteros para ponerlos en alquiler. Ahí es donde tenemos que actuar, ante los grandes tenedores de vivienda, que han detectado una burbuja en el mercado del alquiler y están invirtiendo en él porque es más rentable que otros mercados en los que operan. No nos preocupa tanto el alquiler entre particulares. La vivienda, como dice la nueva ley autonómica, tiene una función social que debemos proteger.

-¿Tanto volumen consideran que tienen los fondos? ¿No tiene mucha más presencia el mercado de alquiler entre particulares?

-Lo que nos preocupa es que ahora entras en los portales inmobiliarios y te encuentras a la venta edificios enteros con personas dentro. Y no son ni uno, ni dos ni tres. Cuando en una ciudad hay una oferta significativa de este tipo es cuando detectas que los fondos de inversión se están moviendo hacia ese mercado, y esto sí es muy peligroso. Creemos que los particulares son arrastrados por empresarios que están convirtiendo viviendas en turismo.

-¿Y cómo pretenden actuar contra los grandes propietarios y no contra quienes tengan un solo piso? 

-Entendemos que son las empresas las que están haciendo subir el precio. Los particulares no tienen esa capacidad, no la han tenido nunca, no están organizados para poder hacerlo. El mercado está subiendo por encima de los salarios y del IPC, y este es un problema de marco legislativo. Son las empresas las que se están lanzando a comprar edificios y están terciarizando fincas enteras. El particular se ve arrastrado. El PP, con exenciones fiscales a empresas como las socimis, está allanando el camino para que se invierta en viviendas, y lo que se ha conseguido es que el mercado del alquiler sea el más rentable de cuantas inversiones puedas hacer en este país.

-¿Con qué fórmula concreta pretenden restringir los precios del alquiler?

-Se están estudiando fórmulas en otras ciudades como marcar el precio medio de un barrio y no permitir ciertos porcentajes de subidas respecto al precio medio. Lo que evitan es que haya una subid busca, que es lo que está pasando. Que el precio del alquiler pueda subir un 20% en un año y destroce la economía de las familias. En Ciutat Vella las familias han tenido que salir en cuestión de un año. La Ley de Arrendamientos Urbanos es de 2013, y ahora vencen los últimos contratos que se firmaron entonces. Y tal y como están venciendo están pasando pisos de los 400 euros a 800 o hasta 1.200. Esto es lo que pretendemos evitar fijando una horquilla máxima.

-¿Cuál es el minuto y resultado de esta propuesta de Unidos Podemos?

-Se trata de leyes estatales que dan ciertas competencias a las comunidades autónomas para que generen estas zonas donde poder controlar el mercado del alquiler. Yo creo que en el Congreso contaremos con el apoyo de los socialistas -pese a que la primera gran pérdida de derechos de los inquilinos fue con la ley de Borrell-. Y nos gustaría que no fuera el único. Cuando un problema se generaliza de esta manera todos los partidos tienen que dar respuesta. Nosotros hemos puesto sobre la mesa el impacto, y es tan radical y tan claro que es tarea de todos abordarlo. Los partidos conservadores lo tienen que atender también, porque afecta a todas las familias.

-¿Las viviendas sociales son hoy por hoy una herramienta que logre paliar este problema?

-Desde la administración no tenemos en este momento volumen suficiente de viviendas sociales para dar respuesta a esta cuestión. Hay que tomar medidas, pero incrementar nuestro stock cuesta mucho y el problema lo tenemos hoy en la calle. Además está el problema de que en València hay 50.000 viviendas vacías que no se incorporan al mercado del alquiler porque carecen de las condiciones de habitabilidad adecuadas o están en manos de entidades bancarias que las tienen paradas -a veces hasta cuesta saber quién es el propietario de determinados activos-.

-¿Qué datos manejan en la ciudad? ¿Cuánto está subiendo el alquiler en València?

-Las cifras más fiables que tenemos son las de plataformas especializadas que operan en este sector y que obtienen datos por barrios. En los últimos dos años el alquiler considerado asequible, de menos de 600 euros, prácticamente ha desaparecido. Y las cifras de subida de precios llegan al 12% de media en València y hasta el 20% en el Cabanyal. La media estatal es del 7%. Un dato significativo es que nuestra primera convocatoria de ayudas para el alquiler, de hace tres años, establecía un máximo de 450 euros. Este año lo hemos tenido que subir a 600 por cómo ha subido el mercado. Y para nosotros es un problema porque contamos con la misma partida presupuestaria, de modo que llegamos a menos gente.

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