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sábado, 2 de junio de 2018

LOS DEBERES SOCIALES URGENTES QUE LE PONE LA SOCIEDAD VALENCIANA A PEDRO SÁNCHEZ

Sánchez se comprometió con Puig a cambiar el modelo de financiación de las CCAA.

- Del desbloqueo de la Ley de la Vivienda o de la Pobreza Energética a la derogación de la reforma laboral y la ley mordaza, pasando por la reforma de la financiación autonómica o el cambio de política migratoria, partidos políticos, sindicatos, la PAH, Kellys y activistas de derechos humanos toman la palabra.  

Emilio J. Martínez 02/06/2018 - Eldiario
El escenario que se ha abierto en España con el inesperado ascenso al poder del socialista Pedro Sánchez ha traído una comedida ola de esperanza en la Comunidad Valenciana, cuya sociedad parecía haberse resignado a que Rajoy bloqueara las leyes sociales del Consell. Ahora, el nuevo Ejecutivo central tendrá que lidiar con parte del arco parlamentario y sortear unos Presupuestos Generales si quiere dejar impronta en su agenda social. Estas son algunas de las reclamaciones apremiantes que demandan diferentes agentes políticos, sociales y económicos consultados.

Por lo pronto, desde Compromís van a pedir a Madrid que se convoque “de forma urgente” el Consejo de Política Fiscal y Financiera para la reforma del sistema de financiación autonómica que viene dejando en los últimos años a Valencia a la cola en gasto por habitante, afirma su portavoz adjunta en Les Corts, Mireia Mollà. Esta petición también la reclama Podem cuyo secretario general insiste, como la coalición, en la necesidad de “desbloquear determinadas leyes” de carácter social, señala Antonio Estañ.

Leyes valencianas como la que pretendía extender la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular, un decreto promovido en 2015 y recurrido por el gobierno de Rajoy ante el Tribunal Constitucional (TC), que finalmente acabó anulándolo en diciembre del año pasado.  Un poco antes, en noviembre de 2017, Rajoy volvía a la carga y pedía al TC la suspensión de la ley de la Pobreza Energética o la de la Función Social de la Vivienda.

Sobre la emergencia habitacional que padece la región valenciana, con 4.558 ejecuciones hipotecarias en 2017, 129.331 desde que se inició la crisis, según datos del Consejo General del Poder Judicial, la delegación valenciana de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) espera que Pedro Sánchez desbloquee la Ley de la Vivienda propuesta por este colectivo. Hace tres meses, PP y Ciudadanos impedían a través de la mesa del Congreso de los Diputados que se debatiera, por lo que ahora esperan que haya una nueva oportunidad de que prospere, explica José Luís González, de PAH Valencia.

Recuerda González que este año ya han sido superiores en la Comunidad Valenciana los desahucios por impago de la renta de alquiler a los tradicionales por impago de las cuotas hipotecarias. Esto les lleva a reclamar a Sánchez que reforme la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para evitar “la subida descontrolada” que se está dando actualmente del precio de los alquileres. Asimismo, este activista insiste en la apuesta que debería hacer la administración por la creación del parqué público de vivienda –en España no llega al 2% cuando en Francia supera el 26%- ante el fenómeno que se está registrando últimamente debido al aumento de préstamos y viviendas registrados por los Fondos Buitre, Fondos de Titulización y Socimis, “que deben, como la propia banca asumir sus responsabilidades para que se haga realidad el derecho a la vivienda”.

Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras del País Valencià vaticina que se “inicia un camino para la reducción drástica de la desigualdad social mediante la redistribución de la riqueza” que pasa, como defienden también todos los partidos políticos valencianos, por reformar el sistema de financiación.

Arturo León incide en que Sánchez debe modificar “el marco normativo que ha llevado a una precarización enorme con una temporalidad que nos convierte en campeones de Europa” y que se debe acabar “ya” con “la figura del falso autónomo que se da en la región valenciana que al final hace que sean trabajadores explotados que tienen que correr con todos los riesgos, con horarios desproporcionados e ingresos ridículos”.

El representante de CCOO también menciona la importancia de “recuperar las libertades públicas como la libertad de expresión o el derecho de manifestación”, es decir, que se derogue la ley mordaza. Esta petición también la reclaman las kellys de Benidorm. Su portavoz Yolanda García demanda al gobierno socialista de Pedro Sánchez que derogue también la reforma laboral “que tanto nos ha afectado con la entrada de las multiservicio”, empresas externas a los hoteles que traen su propio convenio laboral, más perjudicial para las camareras de piso que el colectivo.

“Por supuesto también queremos que se cumpla lo hablado ya con el PSOE y con Podemos con respecto a la modificación del Estatuto de los Trabajadores”, asume García, en alusión al artículo 42, con la intención, en el peor de los casos, de igualar las condiciones entre las trabajadoras externas antes mencionada y las de la plantilla, o de “prohibir la externalización de la actividad principal de la empresa”, en el mejor de los casos, y que tanto les afecta.

Personas refugiadas

“Estamos esperanzadas con el cambio político”, afirma Noemí Segui de Obrint Fronteres en Valencia. “Durante todo este tiempo en muchas concentraciones, no todas, el PSOE y otros partidos se han mostrado a favor de nuestras reivindicaciones; siempre hemos encontrado la puerta abierta, esperemos que no sea postureo”, advierte esta activista.

Reivindicaciones que, en líneas generales, comparte con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) que pasan por reclamar “vías legales y seguras” para las personas que tratan de llegar a Europa, además de “solicitar la protección internacional en embajadas y consulados para que no caigan en mafias”, afirma Jaume Durá, coordinador territorial del CEAR en País Valenciano. Esta solicitud, provocada por la “externalización de las fronteras” por parte de los países europeos, reduciría las muertes de personas que tratan de llegar a las costas españolas, cuya última intentona se produjo este viernes cuando 314 personas fueron rescatadas en aguas de Andalucía.

CEAR también pide a Pedro Sánchez que “desaparezcan los centros de internamiento”, después de concentrarse este pasado martes en las puertas del CIE de Zapadores en Valencia tras ocho años seguidos de reivindicaciones. “No nos parece que sea la forma de tratar a estas personas que se encuentran en situación irregular”, concluye.


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