Ricard Pérez Casado 05.06.2019 | Levante EMV
Con humor el Presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia afirma que hay okupas en el intocable y anacrónico feudo de las instalaciones portuarias (Levante-EMV, 25/5/19, p.24). Lo hace a propósito de una deuda y lo que no explica son las causas de la misma. Acaso le preocupe más que los actuales gestores de La Marina, que tales parecen ser los mencionados okupas, han demostrado que de la ruinosa herencia de la época de los grandes fastos se podía recuperar parte de la devastación, generar atracción ciudadana, contribuir a la unión de Puerto y Ciudad e incluso beneficios.
Más, como expresidente del Instituto de Crédito Oficial conoce perfectamente circunstancias contenidos y alcance de los préstamos otorgados con aval de la Administración General del Estado, del Estado.
De la misma manera que como ciudadano de València, no debiera desconocer la larga lista de desencuentros entre la Ciudad y su Puerto, y subrayo el posesivo. Existe extensa bibliografía además de la disponible en las hemerotecas. Me consta que el Presidente de la APV es buen lector.
En 1986, en medio de una crisis industrial que incluyó la desaparición de Unión Naval de Levante, de numerosas empresas, mientras de aplicaba de manera a veces violenta la reconversión de la Siderurgia en Sagunto y crecía el paro sin las prestaciones actuales, el Ayuntamiento firmó un acuerdo con el Puerto. Se permitía el acceso Sur, lo que facilitaba el tránsito de mercancías, a la vez que evitaba el paso de camiones a veces cargados de productos peligrosos por el histórico Camino de Tránsitos: la memoria del accidente de Els Alfacs estaba bien viva.
La desmesura de la construcción de La Marina para eventos efímeros todavía lo pagamos los contribuyentes, como el puente rodante para la Fórmula 1 y el canon correspondiente. Hacer de la desgracia virtud ha sido mérito de quienes se han ocupado estos últimos cuatro años de su gestión.
Coincide el jocoso comentario con el reiterado anuncio de la construcción de nuevas ampliaciones con un acceso Norte cuyos efectos medioambientales, ahora que somos conscientes y la crisis no es la de los ochenta, resultan cuestionables y en todo caso, no debatidos por todos los actores ciudadanos, incluido el Ayuntamiento de València.
Alguno de estos elementos ya ha sido puesto de manifiesto por expertos. Con acertado desparpajo periodístico Julio Monreal (Levante-EMV, 26/5/19, p.5) sugería levantar de nuevo la Valla del Puerto.
Se agrega la multimillonaria inversión público-privada para una nueva terminal que por supuesto generará empleo multitudinario y beneficios empresariales, comenzando por los artistas del cemento habituales del paraje portuario.
Acaso lo que ocurre lo que sobrevuela entre tantos pájaros, es la posible privatización de un bien público –La Marina, el mismo Puerto, lo son- y el contagio neocon de los conversos la facilitaría. Baste constatar que una concesión náutica se ha transformado en ladrillo y alguno más para que la chanza se transforme en amenaza. Subrayo bien público, y no solo espacio de uso colectivo. Las apetencias circulan en voz baja entre los arriscados emprendedores con cargo a las subvenciones públicas. O del mismo Puerto, como ya ha ocurrido en otros del Mediterráneo, del Pireo a Génova o Trieste.
Los silentes, antaño usurpadores de la sociedad civil --¿son los empresarios los únicos representantes «civiles»?—aplauden en procesión acrítica estas iniciativas.
Crecer como sabe el Presidente de la APV no es el único objetivo de una sociedad y menos a cambio de aumentar el impacto medioambiental, la sostenibilidad del territorio. La contaminación de ciertos transportes marítimos ha sido causa de su alejamiento en muchos puertos europeos y mediterráneos. Los costes de la sostenibilidad también han de ser evaluados incluso en términos económicos.
Por supuesto que los beneficiarios proclaman que su actividad crea riqueza, la suya claro, y la nuestra en forma de pensiones y salarios precarios. La permanencia desde 1939 de los actores y sus sucesores, incluso entre los trabajadores de la Ley del silencio, es todo un dato. Las reformas legales -como se puso de manifiesto en la Jornada celebrada en La Marina sobre Viejos Puertos en febrero, en que no me pareció ver ni escuchar a ningún integrante de la APV-, solo han servido para consolidar la permanencia, con interinos al frente según los vientos políticos de la democracia.
Lo de la «autonomía» portuaria merece un silencioso sarcasmo a cuenta del Estado «descentralizado».
Eso sí, las inversiones con cargo a las arcas públicas, esto es, a las espaldas de los contribuyentes que somos todos. Se descarta Sagunto nodo comunicacional que por sí puede completar la oferta del transporte marítimo para el país. A la espera del Corredor ferroviario que podría resolverse con la insólita cooperación de la OTAN para el transporte militar y China, para lo suyo€
Con ironía concluyo que el okupa es el Puerto y como tal requiere de la acción ciudadana para regularizar su estatus, con las reformas legales oportunas que olviden el carácter de coto cerrado que han subsistido en estos cuarenta años de democracia.
Comentarios
Publicar un comentario