Los gestores planean una ampliación junto a la Albufera con un estudio ambiental hecho para un proyecto mucho menos ambicioso
Ignacio Zafra 5 FEB 2020 - El País
El puerto de Valencia es escenario de una batalla ambiental. A un lado, la autoridad portuaria apoyada por los empresarios, que defiende la ejecución de una obra de ampliación de dimensiones enormes sin necesidad de renovar la declaración de impacto ambiental que obtuvo en 2007 para un proyecto sensiblemente distinto del actual. El puerto tiene prisa porque el retraso que implicaría una nueva evaluación, afirman sus responsables, pondría en peligro una inversión privada de 1.100 millones de euros. Enfrente se sitúan el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat y entidades ciudadanas y ecologistas que consideran imprescindible analizar los posibles efectos negativos, especialmente sobre el Parque Natural de la Albufera, de una obra con la que el puerto aspira a convertirse en el primero del Mediterráneo en tráfico de contenedores. Los expertos consultados por este periódico se inclinan por considerar que la nueva declaración de impacto es necesaria. La última palabra la tiene el Gobierno.
La violencia del temporal Gloria ha aumentado la presión sobre el proyecto. La borrasca dejó muchas imágenes impactantes de la costa. Una de ellas fue la devastación de las playas y de las grandes dunas del Parque Natural de la Albufera. Estas últimas constituyen un hábitat especialmente frágil y son también un abrigo fundamental para los árboles de la Devesa, uno de los últimos bosques mediterráneos con zonas vírgenes en España, al protegerlos del efecto abrasivo de la brisa marina, señala Javier Jiménez Romo, gestor de dos reservas del Ministerio de Transición Ecológica en la Albufera. El puerto está inmediatamente al norte del parque. Y todo el mundo está de acuerdo en que la regresión que sufren sus playas está causada en gran medida por los sucesivos crecimientos de la infraestructura.
"El puerto interrumpe el transporte de sedimento, que va de norte a sur. Y las playas retroceden cada año unos tres metros. En las últimas décadas, algunas han pasado de tener 200 metros a 40", afirma Josep Ramón Medina, catedrático de Ingeniería de los Transportes de la Universidad Politécnica de Valencia. El avance del mar, y el probable aumento de su nivel y de la intensidad de los temporales por el cambio climático dibujan un panorama preocupante no solo para la playa, sino también para el bosque y el lago de agua dulce de la Albufera que está detrás, advierte Jiménez Romo: "Es una cuestión de plazos, pero la tendencia es clara. En tal contexto no debería hacerse una obra así sin una evaluación ambiental ajustada al proyecto".
Contempla alargar 505 metros un dique, demoler otro, cambiar la distribución de los muelles y multiplicar por 14 el volumen la excavación del fondo marino. De un dragado de 1,5 millones de metros cúbicos se pasa a otro de 21 millones, y los trabajos se acercan a solo un kilómetro y medio de las playas protegidas de la Albufera, en lugar de quedarse a 3,5 kilómetros. El objetivo es duplicar la capacidad del puerto, por el que ahora pasan 5,5 millones de contenedores al año.
Zona protegida
El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia Andrés Boix, cree que el nuevo proyecto requiere una nueva declaración ambiental: "Los dragados no se hacen para mantener las condiciones de navegabilidad, como contempla la ley, sino para permitir la llegada de megabuques de mayor calado. Además, potencialmente afecta a la zona protegida de la Albufera".
Lo mismo opina Alba Nogueira, de la Universidad de Santiago, especializada en Derecho ambiental. "La evaluación de 2007 no se hizo para este proyecto o, en todo caso, se hizo para un proyecto que ha tenido modificaciones sustanciales. Por otra parte, aunque podría interpretarse que la declaración de 2007 no ha caducado, porque se trata de un proyecto que se inició y luego quedó interrumpido, ese no es el espíritu de la ley, que lo que pretende establecer es que pasado un cierto tiempo los estudios no sirven. Un aumento de actividad tan grande como el previsto exigirá, además, otro acceso al puerto para camiones que debe examinarse de forma conjunta, no se puede trocea", zanja Nogueira
También ven necesaria una nueva declaración otros dos especialistas —una exmagistrada, ahora en la universidad, y el responsable de un máster en Derecho Ambiental— que piden, sin embargo, que no se mencionen sus nombres. Y lo mismo cree el ex director general de Puertos Pascual Pery, autor de un informe presentado el lunes en el que advierte que el proyecto puede incrementar la erosión de las playas del parque natural al aumentar la potencia y la altura de las olas.
El Gobierno decide
El presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez, está convencido de que la construcción de la nueva terminal del puerto, en la que una filial de MSC prevé invertir 1.100 millones de euros (aparte de otros 400 millones de fondos públicos) no requiere trámites ambientales. Pero admite que el enorme aumento del dragado representa "una variación, no sé si sustancial", del proyecto evaluado en 2007. Martínez cree que en todo caso podría hacerse un nuevo examen, limitado a la excavación del fondo marino o, incluso, prescindir del aumento de dragado. Siempre que no se aplace el inicio de las obras de la terminal porque en ese caso, mantiene, MSC se llevaría la inversión a otro lado. La consejera de Emergencia Climática, Mireia Mollà defiende, en cambio, la necesidad de la nueva evaluación y advierte que no hacerla privaría a la Generalitat de su participar, como establece la ley, en un proyecto con grandes repercusiones ambientales.
El Ministerio de Transportes debe decidir ahora si da vía libre al proyecto o lo traslada al Ministerio de Transición Ecológica para que resuelva si es necesario un nuevo examen ambiental.
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