Santiago Martín Barajas 13 octubre, 2018 Público.es
A mediados de los años 90, empezamos a denunciar la construcción de viviendas y otro tipo de edificaciones en los cauces y zonas de influencia directa de los mismos pues, aparte de dañar gravemente a los ecosistemas fluviales, supone un riesgo para la vida de las personas que las habitan.
Desde diferentes administraciones, nos tacharon de alarmistas y de que íbamos contra el progreso. En 1996 ocurrió la tragedia del camping de Biescas (Huesca), y la realidad por desgracia nos dio la razón. Al año siguiente denunciamos públicamente la existencia de miles de construcciones en los cauces y el riesgo que ello suponía, a lo que la entonces ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino contestó que estábamos asustando a los turistas, y que lo de Biescas tardaría tres mil años en repetirse. Sin embargo, tres meses después, en noviembre de 1997, tuvo lugar la tragedia del barrio de Cerro de Reyes, en Badajoz.
Finalmente, en el año 2001, desde Ecologistas en Acción conseguimos que se incluyera en la Ley del Plan Hidrológico Nacional un artículo, el 28, por el cual se exigía a las administraciones competentes que procedieran a la eliminación de todas las construcciones que existiesen en los cauces y zonas de influencia directa de éstos. Sin embargo, las diferentes administraciones durante los últimos 17 años simplemente lo que han hecho es no aplicar este artículo.
En los últimos años, las administraciones a lo más que han llegado es a identificar las áreas con riesgo de inundación, pero apenas llegan a actuar sobre el terreno, por lo que el número de construcciones en estas zonas sigue aumentando. De hecho, lo único que lo frenó fue la crisis inmobiliaria, lo que resulta bastante triste.
La tormenta que produjo hace unos días la tragedia de Sant Llorenç (Mallorca) fue muy intensa, pero no es excepcional, pues en nuestro país todos los años se producen a lo largo de nuestra geografía unas cuantas tormentas con ese volumen de precipitaciones en tan poco tiempo y aun de mayor cuantía e intensidad. Lo que ocurre es que cuando caen en poblaciones situadas en zonas de bajo riesgo, solo producen desperfectos, y si caen en medio del campo, pueden incluso pasar desapercibidas. Sin embargo, como cada vez hay más construcciones situadas en cauces y en zonas de influencia directa de éstos, las probabilidades de que se repitan tragedias como la de Sant Llorenç, cada vez son mayores. Es una cuestión de tiempo y de estadística.
Según datos del propio Ministerio para la Transición Ecológica, actualmente en España, más de setecientas mil personas tienen sus viviendas situadas en zonas inundables para el periodo de retorno de 10 años, cifra que sube hasta casi los tres millones de personas, si consideramos el periodo de retorno de quinientos años.
Es lamentable que exista la normativa legal y, después de 17 años de estar en vigor, no se haya aplicado pues, si se hubiese empezado a aplicar en toda España cuando se aprobó, es posible que tragedias como la acaecida recientemente en Mallorca, no se hubiese producido, o no hubiese alcanzado estas dimensiones.
Desde Ecologistas en Acción reiteramos la petición que llevamos haciendo a las diferentes administraciones desde hace ya más de 20 años: que impidan, de forma real, que se construya en los cauces y zonas de inundación y así, además de conservar los ecosistemas fluviales, eviten el riesgo que ello supone para la vida de las personas. Y que apliquen la normativa actualmente vigente, procediendo a la eliminación de todas las construcciones que hay en los cauces y zonas de influencia directa de los mismos, y así reducirán sustancialmente las posibilidades de que sucesos como los acaecidos en Sant Llorenç vuelvan a repetirse. No hay que olvidar que a medio plazo no podemos prever donde va a llover, ni cuando ni cuanto, pero lo que si sabemos es por donde va a correr el agua.
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